Me suscribo a un periódico de forma muy sencilla a través de un formulario online. Por escrito.

Ahora quiero anular esa suscripción, pero sólo me permiten hacerlo por vía telefónica.

Encuentro un correo específico para suscripciones y solicito la baja por escrito.

Me responden (por escrito) diciendo que tengo que hacerlo por teléfono.

Les contesto a ese mismo correo electrónico:

Buenos días,

Sólo recordarles que la suscripción no la realicé por vía telefónica, sino por un canal de comunicación ESCRITA.

¿Han pensado que entre sus suscriptores puede haber personas sordas o con formas de comunicación no verbales, a quienes les resulte imposible o complejo utilizar el teléfono como vía de comunicación? ¿Que están convirtiendo en dependientes a personas que pueden ser completamente autónomas?

Me remiten al punto 9.2 de las condiciones generales de la suscripción digital. Yo también me permito sugerirles que revisen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (vigente en España desde 2008) que establece la accesibilidad universal como un DERECHO, y toda la legislación nacional y autonómica vigente respecto a la accesibilidad comunicativa.

Una estrategia de marketing que establece la telefónica como única vía para anular esa suscripción (entiendo que con objeto de hacer más compleja esa gestión y con ello desincentivar las bajas), no puede estar por encima de leyes nacionales y tratados internacionales.

Convivo con una persona a quien le resulta muy complejo y frustrante comunicarse por teléfono, precisamente porque al otro lado nunca hay personas habituadas a escuchar a quienes fonan de forma no normativa. Y la ansiedad y la vergüenza las sufre él.

Recibe de la administración púbica y de entidades privadas comunicaciones importantes a través del correo electrónico a las que nunca puede contestar por esta vía, sino que se le remite a un teléfono o varios, sin que tampoco el wasap sea una opción.

Creo que ya es hora de que la frustración, la ansiedad y la vergüenza cambien de lado y que los derechos de TODAS las personas, también aquellas nombradas por la discapacidad, sean respetados.

Atentamente,

Carmen Saavedra