Hace unos días volvía a salir la convocatoria para los campamentos de verano que organiza la Consellería de Política Social y, nuevamente, volvía yo a indignarme ante las bases como cada año (todos los que Antón ha estado en disposición de poder ir por edad).

Sólo que este año, y ese día, decidí expresar públicamente mi enfado. Compartí en mis redes sociales la captura de pantalla donde aparecen los requisitos que se les exigen a los niños, niñas y jóvenes gallegos en situación de discapacidad.

Transcripción y traducción de la imagen:

Plazas de inclusión: Las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33 % podrán participar en esta convocatoria cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Hacer constar su condición en la solicitud, con el fin de planificar los apoyos personales necesarios, si los precisara.

b) Que en el certificado de reconocimiento de discapacidad no se recoja la necesidad de ayuda de tercera persona.

c) Tener capacidad de integración en un grupo y que sus limitaciones y/o necesidades especiales les permitan participar y beneficiarse de las actividades que se van desarrollar en el destino que soliciten.

En función del tipo de discapacidad, podrá exceptuarse, de ser el caso, el requisito de saber nadar. En este supuesto, la persoa menor con discapacidad no podrá participar en las actividades de agua.

Acompañaba la imagen con el siguiente texto:

Alguien debería explicarles a los responsables de organizar los campamentos «inclusivos» de la Xunta de Galicia que, con estos requisitos, esto no es integración y mucho menos inclusión.

– Te dejamos venir, pero si no necesitas demasiada ayuda.

– No te preocupes si no puedes nadar, porque no va a oler el agua.

– Sobre lo de «tener capacidad de integración en un grupo», ya mejor ni lo comento. Porque sólo quien vive diariamente siendo segregado, rechazado y excluido entre sus pares, sabe que la «integración en un grupo» tiene dos direcciones. ¿Por qué no se les exige también a los no etiquetados por la discapacidad «saber acoger»?

Y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo las familias vamos a seguir tolerando tanta infamia?

Yo, personalmente, estoy hastiada de esta perversión del término inclusión. Porque si a actividades en estas condiciones las calificamos de «inclusivas», si nos conformamos con que en esto consista la «inclusión»… en la vida vamos a alcanzar la verdadera inclusión. ¡Por lo menos tened la decencia de no emplear esa palabra!

Esta fue la respuesta que recibí en mi perfil de Instagram por parte de Dirección Xeral de Xuventude, dependiente de la Consellería de Política Social, responsable de organizar estos campamentos y de redactar dichas bases:

Desde la Consellería de Política Social, como no puede ser de otra manera, apostamos por la inclusión en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto también en los campamentos de verano. Tenemos muchas experiencias de participación plena por parte de niños y niñas con discapacidad en los campamentos a lo largo de los últimos años, que pueden acceder a través del procedimiento general o bien mediante las plazas reservadas para inclusión. En cada caso se hace un estudio de sus necesidades, con el fin de poner a su disposición los apoyos que sean precisos. Lamentamos si la redacción de la orden de convocatoria, consensuada con las entidades de atención a la discapacidad, puede generar alguna confusión. De todos modos, cabe también recordar que existe una convocatoria específica de campamentos para personas con discapacidad, por lo que las familias tienen varias opciones para estudiar cual se ajusta más a sus necesidades.

Y aquí mi réplica:

Gracias por su respuesta, aunque hubiera preferido otra que fuera en la línea de la rectificación, sino de cara a este verano, sí por lo menos pensando en la campaña y en los campamentos a partir del año que viene.

Afirman en sus palabras en sus palabras que apuestan por la inclusión, y yo insisto en que con esas bases y con los requisitos que se les exigen a los chicos y chicas con diversidad funcional, esos campamentos ni apuestan por la “inclusión”, ni son “inclusivos”. La inclusión no es una cuestión que se pueda hacer a medias: o se es inclusivo o se es excluyente

La redacción de la orden no genera confusión alguna, es  perfectamente clara y explícita y es claramente excluyente porque, con esas bases y requisitos, hay muchos, muchísimos niños y niñas etiquetados por la discapacidad que nunca van a poder vivir esa experiencia. Ustedes saben perfectamente (o deberían saberlo) que también los campamentos específicos exigen ciertos requisitos que muchas chicas y chicos no van a salvar en la vida.

Respecto a que esa convocatoria ha sido consensuada con las entidades de atención a la discapacidad, a muchas familias nos gustaría saber los nombres de esas entidades, dado que en el caso de que se trate de organizaciones y asociaciones creadas para defender nuestros intereses, nos gustaría pedirles explicaciones respecto a su proceder en ese acuerdo.

Me recuerdan que existe una convocatoria específica de campamentos para personas con discapacidad y que las familias “tienen varias opciones”. Bien, los campamentos específicos son eso, específicos, y no inclusivos. Pero es que, además, no es cierto que sean una alternativa. Dichos campamentos también exigen salvar lo que yo califico como un “casting infame” y hay chicos y chicas cuya funcionalidad nos les va a permitir acceder jamás a esos espacios. Por tanto, hay muchísimas familias que no disponen de absolutamente ninguna alternativa. Yo las conozco y si quieren contactar conmigo, puedo facilitarles sus datos por privado para que puedan comprobarlo y, de paso, ofrecerles esas “varias opciones” que alegan en su respuesta.

Me gustaría remitirles a la “Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” redactada por Naciones Unidas en 2006 y firmada por España en 2008. Es de obligado cumplimiento en este país desde hace trece años. Una convención internacional que se sitúa en el mismo rango jurídico que la constitución y es considerada una extensión de la misma. Dicha Convención recoge en su artículo 30 (“Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”) el derecho al ocio de las personas con discapacidad. Dado que este tratado es superior jerárquicamente a cualquier otra ley estatal, autonómica o local, las bases de los campamentos de la Consellería de Política Social no sólo son éticamente reprobables, sino que están cometiendo una ilegalidad manifiesta.

Me gustaría trasladarles que a muchas familias nos duele e indiga a partes iguales el lema de estos campamentos “O verán que mereces”. Porque no, este no es el verano que nuestros hijos e hijas merecen. Esos campamentos se financian con dinero público y dado que nuestras familias no están exentas de tributación, se podrá entender nuestra indignación porque es algo que vivimos en absolutamente en todas las áreas de nuestra vida: se nos exige el cumplimiento de obligaciones, pero se nos niegan continuamente los derechos que llevan asociadas.

A nivel personal (hasta aquí he hablado de forma genérica y sin particularizar), les diré que mi hijo ha asistido a dos ediciones de los campamentos específicos y no ha podido disfrutarlos más y ser más feliz. No tengo palabras para describir y mucho menos para agradecer la labor de los monitores y las monitoras de los campamentos en que ha estado mi hijo. Él los recordará toda su vida, a ellos y a esa experiencia. Las características de mi hijo le han permitido salvar el “proceso de selección” que -insisto- también incluyen las bases de los específicos y poder acceder a ellos en dos ocasiones. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que conozco a muchísimos jóvenes con discapacidad cuya funcionalidad no les va a permitir en la vida disfrutar de esa experiencia tampoco en los campamentos específicos, y eso es algo que no puede seguir ocurriendo a día de hoy. Esas “varias opciones para estudiar” que ustedes alegan en su respuesta, no existen para la mayoría de familias con hijos e hijas en situación de discapacidad. Sinceramente, me resulta inconcebible tener que explicar todo esto a personas que trabajan en la Consellería de Política Social que ha sido el organismo responsable y redactor de estas bases.

Fueron precisamente algunos de los monitores de los campamentos específicos en que ha estado mi hijo quienes nos animaron a inscribirle en los ordinarios. Seguramente tampoco tuviera problemas para ser admitido en esa convocatoria general. Pero se da la circunstancia de que no puede nadar y aunque es algo que no le va a impedir inscribirse en el campamento, yo me pregunto qué clase de integración (ya no hablo de inclusión) va a tener en ese espacio en esas condiciones. Lleva toda su vida asistiendo a centros educativos ordinarios donde son muchas (demasiadas) las veces que se tiene que “quedar en la orilla” mirando cómo el resto se divierte. ¿De verdad también debe vivir esto en un campamento de verano? ¿Y cómo puede ser posible que en los campamentos específicos sí pueda participar y disfrutar de actividades acuáticas y en los ordinarios no? Queda probado que no es algo que resulte imposible, simplemente se debe a que no se facilitan los recursos materiales y humanos necesarios.

Con estas bases yo no puedo inscribir a mi hijo en esos campamentos, porque si queda al margen de algunas de las actividades en que sí participan el resto de compañeros y compañeras, eso ya supondría estigmatizarle y etiquetarle como “el otro”, “el que está, pero no pertenece”. El que se queda en la orilla.

Por no hablar de que el requisito que ustedes definen en siete palabras (“Tener capacidad de integración en un grupo”) nos genera toda la intranquilidad del mundo. Porque supone el respaldo legal a que nuestro hijo pueda acabar olvidado, ninguneado e invisibilizado en ese campamento. ¿De verdad que el éxito o fracaso de la interacción con sus compañeras y compañeros va a ser exclusivamente responsabilidad suya? No tengo palabras para describir lo que me provoca ese “requisito”. Sé de muchas familias que, con esas bases, ni van a intentar siquiera inscribir a sus hijos. Porque su bienestar va a depender (una vez más) de la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras de esos espacios. Y, sinceramente, estamos ya hartas de que nuestras hijas e hijos reciban favores en lugar de disfrutar de derechos.

Me despido recordando que: o se es inclusivo, o se es excluyente.

Un saludo,

Carmen Saavedra “Cappaces”

Quiero precisar que esto que he recogido respecto a los campamentos de verano, no es algo que ocurra exclusivamente en la comunidad autónoma donde yo vivo. Desgraciadamente, es algo generalizado y se sigue llamando “inclusivos” a espacios y actividades que son en realidad excluyentes. Tampoco es algo ligado a un determinado partido o color político. Desgraciadamente, el capacitismo afecta y está incrustrado en todas las ideologías. Son un reflejo de la falta de cultura inclusiva de nuestra sociedad.

Quiero terminar pidiendo que se deje de hacer ese uso perverso de la palabra inclusión. Que se deje de denominar inclusivas a todas esas actividades y espacios donde no todas las personas tienen cabida ni son acogidas.

Del mismo que no se puede estar un poco embarazada, tampoco se puede ser un poco inclusivo. O se es inclusivo, o se es excluyente.

Los niños (y adultos) con discapacidad han permanecido años, sino siglos, ocultos, relegados, escondidos…

El objetivo de la lucha de muchas familias cuyos hijos son ahora mismo adultos, ha sido sacarlos a la luz, devolverles su dignidad y, a medida que esos padres van envejeciendo, su preocupación se centra en que sus cuidados básicos (vivienda, comida, higiene y salud) estén cubiertos cuando ellos falten.

Las familias que acabamos de llegar al mundo de la diversidad agradecemos enormemente la lucha de estas familias del pasado, sin ellos no estaríamos aquí y quizás nuestros niños continuaran escondidos.

Ahora bien, debemos dar más pasos al frente y avanzar en esta larguísima guerra (la del mundo “ordinario” en su discriminación hacia la discapacidad). Por ello, el objetivo de muchas de las familias que acabamos de recoger ese testigo quiere ser el de la inclusión plena, garantizar los derechos civiles básicos que a cualquier ciudadano le corresponden y lograr una “normalización” de las vidas que nuestros hijos desarrollarán como adultos.

Hace un par de meses coincidí con Montse y Felipe (responsable de NWNPhoto) y tuvimos una conversación muy interesante, emotiva y, al menos para mí, tremendamente iluminadora. El proyecto de Felipe Alonso tiene como objetivo que adultos con discapacidad intelectual puedan encontrar un hueco en el mundo laboral a través de la fotografía. Hace ya tres años que dediqué uno de los post del blog a esta iniciativa: NOS, WHY NOT?, Enfocando la vida

Entre los diversos temas que salieron en nuestra conversación, me hicieron partícipe de la emocionante experiencia que habían vivido un par de años atrás, cuando viajaron con parte del grupo de fotógrafos a Noruega para participar en el Morodals Festivalen. Es éste un encuentro musical que facilita la participación de personas con discapacidad intelectual y que trata de ser un lugar de reunión e inclusión para personas con y sin diversidad funcional que, procedentes de más de 15 países, realizan diversas actividades culturales al tiempo que se desarrollan los conciertos.

Me describían lo emocionante de aquel viaje, sobre todo porque pudieron vivir de primera mano la experiencia de vida de muchos de los noruegos con discapacidad intelectual que conocieron y observar cómo las viviendas compartidas y la inserción laboral les permitían desarrollar una vida plena, autónoma y, sobre todo, digna. La demostración palpable de que cuando las cosas se saben hacer bien, y sobre todo desde el RESPETO, cualquier persona, independientemente de su funcionalidad, es perfectamente capaz de desarrollar una vida plena y autónoma.

Sin embargo, lo que más me impactó de esta conversación (y es lo que, precisamente, ha dado lugar a este post), es lo que me contaba Montse sobre el comentario que realizó V., uno de los fotógrafos del grupo: “Me han robado 52 años”.

Lo entendí inmediatamente, tal y como lo entendió Montse aquel día: V. sentía que le habían robado su vida porque no había tenido nunca la oportunidad de elegir. Siempre habían sido otros quienes habían decidido por él. Nunca había tenido la oportunidad de crecer como persona, como ser humano, porque la etiqueta que le habían asignado al nacer, lo había inhabilitado de por vida.

Me pareció algo terrible: llegar al final de tu vida y sentir algo así debe ser devastador.

Imagino que el sentimiento de V. lo han podido llegar a sentir muchas personas al alcanzar cierta etapa de su vida, independientemente de las características de su funcionalidad. El problema es cuando esa sensación de que tu vida ha sido una vida perdida proviene, no de lo acertado o errado de tus propias decisiones, sino del hecho de que otras personas hayan decidido que tú no mereces las mismas oportunidades que el resto, entre ellas el derecho a decidir la vida que quieres llevar o el camino que van a recorrer tus pasos.

Debe ser terrible llegar a ser consciente de las oportunidades que te han robado. Y es por ello que las etiquetas médicas no deberían servir más que en un ámbito: las salas de consulta. Es absolutamente imprescindible que se queden allí una vez que sus portadores crucen la puerta al mundo.

En el mismo sentido que la experiencia de V., hace algunas semanas César Giménez, adulto con diversidad funcional y uno de los autores del blog “Derechos Humanos YA”, compartía esta reflexión:

«El otro día, paseando por el paseo marítimo con mi madre nos cruzamos con una conocida a la que hacía años que no veíamos. Ella me preguntó que a qué me dedicaba. No le respondí en el momento, pero pensándolo después creo que a lo que me dedico es a intentar llegar a la línea de salida desde la que ella empezó. Y yo eso sólo lo puedo hacer con el apoyo de una asistencia personal digna y plena.»

Paco Guzmán: «No sufro discapacidad, sufro discriminación»

Por tanto, tal y como comentaba al principio de este escrito, la lucha debe continuar y debemos avanzar juntos. Pero, desgraciadamente, las familias de la diversidad parecemos encontrarnos ahora mismo inmersos en un debate (que a veces resulta en lucha fraticida) que sólo beneficia a los contrarios al respeto a los derechos de las personas con diversidad funcional y a una administración satisfecha de ver cómo nos matamos entre nosotros. Administración que sólo suele favorecer a aquellos grupos y asociaciones que menos problemas (públicos) le den, menos quebraderos de cabeza y que acepte soluciones más fáciles y a las que pueda sacar rentabilidad y visibilidad política: inaugurar una piscina en un centro de reclusión de adultos con discapacidad (llamemos a las cosas por su nombre), entrega de trofeos en “carreras solidarias” que, sintiéndolo mucho, no entiendo en qué sentido puede favorecer la inclusión de mi hijo, por muy buena voluntad que pongan los clubes deportivos y organismos que las organizan (a mí, personalmente, “me entra el escorbuto“ (como dice mi querida Ana cada vez que me llegan este tipo de iniciativas).

En fin… incluyamos aquí todas aquellas iniciativas que permitan a un político/gestor sacarse una foto y que le lleve a llenarse de medallas de cara a la opinión pública. Opinión pública que poco o nada sabe de la realidad de las familias diversas, más allá de que prácticamente tenemos solucionada la cuestión material/económica. Tan machaconamente se empeña la administración en repetir este mensaje, que ha acabado convenciendo a aquellos a quienes no les toca de cerca la diversidad funcional. El lema de la administración en relación a la diversidad funcional es en realidad: “no hacer, sino hacer que se hace”.

Malamente se podría extraer visibilidad política de un piso tutelado para adultos con discapacidad intelectual. Personas que hayan podido recibir una formación y unos recursos que les permitan llevar una vida independiente y autónoma, una vida digna. De igual forma que invertir en asistentes personales para que tantas personas con discapacidad motriz puedan salir al mundo y dejar de vivir recluidas, es una acción difícil de plasmar y rentabilizar a través de una nota de prensa oficial.

Así que, resulta más barato y más provechoso (en réditos políticos que no sociales o humanos) infantilizar a las personas con diversidad funcional y convertirlos en niños perpetuos. A cualquiera de nuestros niños sin discapacidad también los convertiríamos en niños eternos y sin aspiraciones en la vida si, desde el momento en el que nacen, reciben la misma educación y vivencias que han tenido la mayor parte de los adultos con diversidad funcional que ahora mismo están institucionalizados.

Yo no quiero eso para mi hijo. Ni para el hijo de nadie.

©Morodalsfestivalen

Quiero que pueda tener oportunidades y que las aproveche o las desperdicie como cualquier otro de sus compañeros sin discapacidad, sin etiqueta. Quiero Noruega, quiero Vermont… quiero OPORTUNIDADES.

Quiero que tenga opciones, que se respeten sus derechos y que tenga la oportunidad de formarse hasta donde necesite y en lo que necesite. NO quiero que, llegado a los 16 años, su única opción de vida sea asistir a un taller de jardinería o electricidad porque ni le gusta, ni le interesa, ni sus características motrices lo convierten en una opción para él. Si a mi hijo le gusta la música, el teatro, el mundo del arte, si le entusiasma la cocina… ¿por qué demonios sólo puede tener la opción de plantar rosales o ensamblar circuitos eléctricos? Es por ello que agradezco iniciativas como la de NWNPhoto o IgualArte, ya que me dan esperanzas de que el futuro laboral de mi hijo pueda tener más puertas abiertas que los compañeros con diversidad que le han precedido. Desgraciadamente, siguen siendo pocas e insuficientes.

Y no vamos a avanzar, ni mucho menos conseguir algo, si seguimos en esta lucha absurda entre familias. Así, los únicos que pierden son nuestros hijos.

Entiendo que los padres de adultos con discapacidad estén centrados en asegurar unos servicios asistenciales básicos para sus hijos. Pero no entiendo que muchas de las organizaciones que defienden este tipo de centros celebren sentencias judiciales contrarias a la inclusión.

Del mismo modo que tampoco entiendo a las familias diversas que critican a aquellas otras que han optado por centros especiales o residencias para sus hijos. Nadie tiene la razón ni la verdad en sus manos. Cada familia tiene sus propias circunstancias y nadie puede ser quien de cuestionar las decisiones que tomen otros padres. Quienes hemos apostado por la escuela ordinaria para nuestros hijos, no estamos ni más ni menos llenos de razón que quienes han optado por centros específicos. Son nuestras circunstancias y las de nuestros niños las que moldean la decisión final. Y lo haremos en función de infinitas variables que no se podrán extrapolar a otras familias. Es más, quizás quienes hoy estamos en el régimen ordinario, puede que mañana consideremos que lo mejor para nuestros hijos sea acudir a una escuela especial. Pero es imprescindible tener la opción de poder elegir y decidir libremente, sin imposiciones. Y, sobre todo, disponer de recursos públicos que favorezcan políticas integradoras. Por desgracia, lo que si es completamente demostrable es que, a día de hoy, la administración sólo ha invertido esos pocos recursos públicos que destina a la diversidad en políticas segregadoras. Y eso es lo que no puede ser de ninguna manera. Ni eso, ni que unos y otros nos estemos matando por las pocas migajas que se destinan a nuestros hijos. Tenemos que luchar todos juntos.

©Paula Verde Francisco

Considero que, hoy por hoy, es positivo que la lucha tenga estos dos frentes de acción. Lo que no lo es ya tanto, es la confrontación entre ambos grupos, algo que, por desgracia, sucede con cierta frecuencia. La política austericida de los últimos tiempos parece habernos situado a las familias en una disyuntiva: recursos y subvenciones para centros de educación especial y residencias de adultos o inversión en políticas inclusivas.

Si los recursos públicos se destinan únicamente a acciones excluyentes, nuestra lucha se volverá a estancar. Y no hay derecho a que cada vez que la administración quiere expulsar a un niño de la escuela ordinaria para trasladarlo a un centro de educación especial, eche encima de esos padres a familias y organizaciones que defienden los centros específicos. Las circunstancias de cada familia son únicas y personales, moldeadas por infinidad de factores y variables. No puede haber una única solución para todo un colectivo que es tan diverso como lo es la mayoría que tiene una funcionalidad “ordinaria”.

Las acciones de la administración han llevado en los últimos tiempos a un enfrentamiento cada vez más frecuente especialmente entre familias de adultos y familias de niños de menor edad. Porque nuestros ineptos e insolidarios gestores políticos nos han situado en esta trampa. Y nosotros somos tan torpes como para haber caído en ella. De esa confrontación solo sale un ganador: la administración y sus recortes. Pero muchas víctimas: nuestros hijos.

Yo quiero que en el futuro mi hijo pueda desarrollar el mismo tipo de vida que su hermana: con la mayor autonomía e independencia posibles, con una vida social plena y una inserción laboral que facilite todo lo anterior. Sin embargo, y como sé que esta lucha es larga, también quiero tener la seguridad de que el día que yo falte no va a morir en casa olvidado, por falta de atención y cuidados de la sociedad (Para quien considere esto último una exageración improbable que lea por favor esta noticia ocurrida hace apenas un par de semanas: Una discapacitada aparece muerta en su piso de Vigo semanas después de que su padre, que la cuidaba, ingresase en un hospital).

Así que la lucha de muchos padres por esos centros y residencias donde nuestros hijos puedan tener los cuidados básicos, también es la mía. Pero esto no puede significar, de ninguna manera, que renuncie a que mi hijo tenga la vida que le corresponde por derecho.

Creo que ha llegado la hora de dejar al margen esas diferencias que no lo son y luchar todos juntos y en la misma dirección. Por nuestros hijos.

Evidentemente, las necesidades básicas se llaman así por algo. Pero ¿qué hay de las espirituales o como queramos llamarlas? Porque, retomando la historia de ese adulto que sentía que le habían robado su vida, me contaba Felipe que en uno de los proyectos que llevaron a cabo donde sus alumnos fotógrafos debían elegir un texto para acompañar a su imagen, V. escogió uno de Confucio. Y razonaba su elección de la siguiente manera:

«Hice un trabajo audiovisual donde explicaba mi experiencia con la fotografía. Unimos mis fotografías con poesía, nunca había leído poesía, y una frase me gustó «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir» (Confucio). Me hizo pensar que mis flores son la fotografía.»

Nuestros hijos necesitan arroz. Pero también flores…

©Paula Verde Francisco